El pasado 4 de abril de 2023, el programa Està passant suscitaba una de esas tormentas perfectas por un sketch en el que la humorista Judit Martín, ataviada como la Virgen del Rocío, charlaba con los presentadores Jair Domínguez y Toni Soler acerca de su vida sexual con un artificial acento sureño. Ante la histórica lista de agravios representativos del sur a lo largo de los últimos años, la ex-diputada de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, hablaba de otro ejemplo más de “andaluzofobia” mediática, mientras el presidente Moreno Bonilla exigía a los responsables de la cadena catalana TV3 una disculpa por “ofender los sentimientos” de los andaluces y “sus tradiciones”. A la hora de ironizar sobre todo este asunto, el equipo de El Mundo Today mezcló desacertadamente ambos cables para intentar despertar conciencia de lo que ocurría entre bambalinas: “Acusan de ‘andalufobia’ a la Junta de Andalucía por condenar a Doñana a la desaparición”.
En efecto y en medio del ruido, el 12 de abril se aprobaba la tramitación de la proposición de ley “Mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado”. Esta proposición de ley supone la recuperación de unas 800 hectáreas de la Corona Norte para usos agrícolas, así como la regularización y amnistía de los ya consabidos regadíos ilegales (hasta 1900 hectáreas) que siguen drenando y sobreexplotando el acuífero, en medio del mes de abril más seco desde que se tienen registros según la AEMET y a punto de reunirse la Mesa de la Sequía para atajar la situación del campo.
El relato es que la situación crítica de Doñana es un cuello de botella para el empleo del Condado, y que las responsabilidades políticas pasan por los ya manoseados “40 años de socialismo” a los que se antepone una gestión eficiente (el insuficiente trasvase de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras) en clave de soberanía autonómica. La gestión del entorno natural de Doñana sumaba ya, de hecho, dos condenas europeas por incumplimiento de obligaciones relativas a su conservación, una del Tribunal de Justicia de la UE (iniciada en 2014) y otra de la Directiva Hábitats, bajo la sombra de una tercera amenaza de sanción por parte de Bruselas que se sumaría a la multa semestral. Teresa Ribera ya ha puesto sobre la mesa una apelación al Tribunal Constitucional que alimentará, sin lugar a dudas, la retórica “anti-centralista” e identitaria en la que se ha enrocado Moreno Bonilla en el asentamiento de un nuevo feudo electoral. El Consejero de la Presidencia, Sanz Cabello, en respuesta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha insistido en que “si algunos se leyeran la ley, no se escucharían los ataques, insultos y las amenazas contra Andalucía”. Moreno Bonilla insiste en que Andalucía sabe tomar sus propias decisiones, “sin tutelas” por parte del Gobierno. El fantasma que se vuelve a azuzar desde la directiva de la Junta, al igual que con la supresión del impuesto de patrimonio o la externalización de la atención primaria, es el de una retirada de las competencias a la Junta, y por ende un atropello de su soberanía autonómica. Otro agravio más en la lista.
La competencia en la producción de fruto rojo, mora y arándano con Marruecos y Portugal, en medio de un contexto inflacionario y de clara desventaja por falta de lluvias, con amenazas de hasta un 52,63% en la caída del PIB para la agricultura, caza y ganadería, fomenta soluciones cortoplacistas para mantener la sobreexplotación del parque. Estas decisiones se toman supuestamente en nombre de las familias ganaderas acogidas al POTAD de 2003/2004 y al Plan de la Fresa de 2014, pero en claro beneficio de las explotaciones no acogidas a la legalidad, así como del crecimiento del entorno urbanizado y turistificado de Matalascañas, su campo de golf o el proyecto de Camino de Santiago del Suroeste español de la promotora de José Manuel Soto, con connivencia de la Junta. Como advierte Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, la desaparición de las lagunas llevará a una situación que, junto a los cambios porcentuales en la precipitación proyectados en el quinto y sexto informe del IPCC, acabará terminando no sólo con la riquísima biodiversidad de la zona, sino también con toda actividad económica (legal o ilegal) ligada al acuífero. Desde el CSIC y la Estación Biológica, no ha parado de incidirse en la idea de que la colonización de las lagunas temporales por parte de la vegetación terrestre y el descenso del nivel freático, al alterarse los ciclos de recarga, apuntan a una situación irreversible que la presente proposición de ley sólo puede empeorar, y que requiere de una actuación para la que no cabe esperar otra década.
Es interesante ver cómo la propia Junta de Andalucía ha maniobrado sacando a la Blanca Paloma en procesión al calor de la polémica de TV3, en un momento en el que se pretende camuflar la degradación acelerada del humedal donde se erige la ermita (con la última laguna considerada permanente, la de Santa Olalla, secándose por completo durante el verano de 2022 a un ritmo acelerado), la desaparición del 59% de sus lagunas temporales desde 2013 o el reconocimiento tácito del expolio ilegal continuado de los recursos hídricos del parque. Sorprende cómo la identidad se trata como algo ya definido e impuesto de antemano, pues ofender al pueblo andaluz es equivalente a denostar a la Señora de las Marismas. De la depreciación de supuestos símbolos de identidad popular a la acusación por atropello de competencias hay una distancia mínima que la retórica justificativa de la Junta ha recortado enormemente. En este contexto, tanto la apelación tramposa a las competencias medioambientales, como al “sentir del pueblo andaluz” son dos caras de la misma moneda. Moreno Bonilla sabe de antemano que su propuesta va a ser bloqueada, que en medio del sempiterno embrollo administrativo entre la CHG, la Junta, los regadíos ilegales y los que están aún pendientes de legalización, apelar a la ofensa en clave de soberanía popular es un mecanismo de cohesión del voto rural mientras se va generando otro cuello de botella.
El triángulo entre una explotación turística y agraria insostenible, la adopción del gesto aristocratizante asimilado a la ritualidad soberana-popular de la romería (con la frecuente participación de miembros de las grandes explotaciones del campo, la burguesía financiera y la clase política), y la inminente desaparición del entorno natural es difícil de visualizar, pero algo más claras se nos presentan las conexiones entre identidad, dominación y expolio a la luz del pulso político en curso. Bastaría una revisión del conocido documental Rocío (1980) de Fernando Ruíz Vergara, objeto de la primera mutilación y censura que conoció la democracia, para empezar a tambalear esta fuerte asociación de símbolos de identidad autonómica “popular”, simplificados y blindados ante toda ofensa externa. Pero lo más importante es que, en el documental, el fallecido catedrático José Hernández Díaz señalaba a cámara que la imagen mariana original había sido mutilada a lo largo de los siglos para poder sostener sus ornamentos. Hablaba de “una mutilación tan fuerte, que si alguna persona hubiese querido hacerle daño a la Virgen, o molestarla en su sentido de la eternidad, probablemente no lo hubiera hecho con la tremenda garra, con la tremenda fuerza que se hizo precisamente para honrarla, precisamente para vestirla, precisamente para que figurara como una mujer que sale a la calle ataviada con sus más ricas preseas”.
He aquí el símbolo último de la identidad del pueblo andaluz que abandera Moreno Bonilla, la Reina de unas marismas desecadas, que no admite ofensa ni intrusión en sus sagradas competencias, aunque estas hayan pasado de nuevo a la CHG desde 2011. Mutilar el medio para sacar el crecimiento económico en sus mejores bordados, ante filas de inversores que ya han saltado la reja. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.
